La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Perú (ATTTPE) informa a la ciudadanía que la Corte Suprema de Justicia de la República, en segunda instancia, ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto Supremo N.° 009-2024-SA, norma que incorporaba a las personas trans dentro de la categoría de trastornos mentales.
Mediante esta decisión, el máximo órgano jurisdiccional ha establecido que dicha disposición vulneraba derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú, tales como el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la identidad personal y el libre desarrollo de la personalidad, al sustentar una clasificación que resulta estigmatizante y carente de fundamento en los estándares científicos y jurídicos vigentes.
La sentencia reafirma que el Estado no puede adoptar medidas que, directa o indirectamente, promuevan la exclusión o estigmatización de personas o colectivos históricamente vulnerabilizados, ni basarse en criterios desactualizados que contravienen los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el fallo se alinea con los desarrollos contemporáneos en materia de salud y derechos humanos, que reconocen que la identidad de género no constituye una patología.
Este pronunciamiento constituye un precedente relevante en la protección de los derechos de las personas trans en el Perú, al consolidar criterios sobre los límites constitucionales de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo en materia de salud pública, así como sobre la obligación estatal de garantizar políticas públicas respetuosas de la dignidad humana.
La ATTTPE destaca que este resultado ha sido posible gracias a un proceso de litigio estratégico, impulsado con el objetivo de cuestionar normas que perpetúan la discriminación estructural. En este marco, corresponde reconocer el liderazgo de Fara Andrea Zamudio Santos, directora de la organización, cuya participación activa ha sido fundamental en la articulación de esfuerzos, la visibilización del caso y la defensa sostenida de los derechos humanos de la población trans.
Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso institucional de continuar promoviendo acciones legales, políticas y sociales orientadas a garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas trans, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
